Desde USTEA, como parte de REDUS queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante el contenido y la orientación de la futura Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) actualmente en tramitación parlamentaria. Aunque REDUS no ha participado en las audiencias ni reuniones mantenidas con los grupos parlamentarios, reconocemos y compartimos muchos de los análisis críticos expuestos por colectivos como ADIUS, que evidencian los riesgos y carencias de una ley que nace sin diálogo real con la comunidad universitaria y que amenaza con debilitar el modelo de universidad pública, democrática y al servicio de la sociedad. El enfoque ultraneoliberal y retrógrado de esta propuesta de ley se refleja en 4 grandes puntos:

Una ley que avanza hacia la privatización y la desigualdad.

La LUPA consolida una tendencia ya visible en los últimos años: trasladar costes a estudiantes y personal, abrir espacios a la gestión privada y reducir el control democrático de la comunidad universitaria. Estas dinámicas empujan hacia un modelo elitista y mercantilizado contrario a los principios de equidad que deberían guiar la educación superior pública.

En este sentido, propuestas como la exigencia generalizada del nivel B2 de idioma extranjero sin garantizar recursos públicos suficientes —formación gratuita, certificación interna en los Institutos de Idiomas, eliminación de dependencias de certificadoras privadas— refuerzan las desigualdades socioeconómicas, penalizando al estudiantado sin medios y externalizando servicios que deberían ser estrictamente públicos.

Precarización del personal y falta de compromiso con la carrera investigadora.

La LUPA mantiene, e incluso amplía, la precariedad del personal docente e investigador, ignorando la situación de figuras como el Profesorado Sustituto y el personal contratado postdoctoral, que continúan sin reconocimiento ni derechos básicos. Coincidimos con ADIUS en la necesidad de:

• Permitir que el profesorado sustituto pueda investigar sin penalizaciones.
• Reconocer la capacidad docente e investigadora del personal postdoctoral cuando posea el título de doctorado.
• Garantizar procesos de contratación ágiles, transparentes y con plazos máximos razonables.

Sin estos elementos, la ley perpetuará un modelo laboral que expulsa talento y debilita nuestra capacidad de investigación.

Retrocesos democráticos en la estructura de gobierno de las universidades.

La insistencia de la LUPA en restringir la participación y representatividad, especialmente en órganos como Juntas de Centro y Departamentos, es profundamente regresiva. Saludamos la posibilidad —aún por confirmar— de eliminar las ternas impuestas por rectorado para la elección de decanatos y direcciones de centro (en el texto actual se habla de que sea el rectorado el que proponga tres nombres para poder salir elegido/a de modo que se le da más poder al rectorado y se afianzan las redes clientelares), pero advertimos que este pequeño paso no compensa la orientación general de la ley:

• Aumento de requisitos para mantener departamentos, sin garantías de protección transitoria.
• Reducción efectiva del peso de la comunidad universitaria en la toma de decisiones.
• Reforzamiento de estructuras jerárquicas poco transparentes.

Una universidad pública solo puede ser democrática si se reconoce la participación real y efectiva de todo su personal y estudiantado.

Un proceso de redacción y tramitación opaco, acelerado y sin consenso.

Nos preocupa especialmente que el Gobierno Andaluz pretenda sacar adelante una ley de esta envergadura sin participación efectiva de los colectivos académicos, con plazos acelerados y negociaciones muy limitadas. La previsión de un nuevo borrador a mediados de diciembre y un debate parlamentario en enero o febrero no garantiza discusión pública suficiente, y mucho menos la incorporación de propuestas que fortalezcan la universidad pública.

Nuestra posición.

REDUS exige:

1. Retirar los elementos privatizadores y garantizar que todos los servicios académicos —incluidos idiomas y acreditaciones— se presten desde estructuras públicas accesibles para todas.
2. Blindar la igualdad de oportunidades, eliminando barreras económicas y garantizando recursos públicos para cualquier nuevo requisito académico.
3. Acabar con la precariedad del PDI y asegurar una carrera académica digna, estable y con reconocimiento pleno de docencia e investigación para todas las figuras del PDI.
4. Garantizar un modelo democrático de gobernanza, sin imposiciones desde rectorados o consejerías, y con participación real y efectiva de la comunidad universitaria.
5. Abrir un proceso de negociación amplio, transparente y con todos los colectivos universitarios.

La Universidad Pública Andaluza atraviesa un momento decisivo. La LUPA, tal y como está planteada, no la fortalece: la debilita, la precariza y la orienta hacia un modelo privatizado y excluyente. Desde USTEA, como parte de REDUS, seguiremos trabajando, junto a otros colectivos, por una universidad pública, crítica, inclusiva y plenamente democrática.