La propagación del virus conocido como COVID-19 ha provocado una crisis sanitaria sin precedentes en nuestra historia reciente. Como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas y el consiguiente estado de alarma, sobreviene una crisis económica. USTEA considera que el coste de todas la medidas adoptadas para atajar esta crisis no tiene que recaer una vez más sobre las espaldas de la clase trabajadora, ni desde el punto de vista de su salud ni desde el punto de vista de su bolsillo.

Por ello, y ante este escenario, queremos manifestar lo siguiente:

1. Actualmente hay cientos de miles de trabajadoras y trabajadores obligados a trabajar sin las medidas de prevención y protección adecuadas. Numerosos expertos y expertas ponen el foco en la necesidad de un mayor confinamiento, incluyendo la paralización de toda la producción y el trabajo salvo aquellos productos y servicios de primera necesidad. Es inadmisible que se mantenga una situación de vulneración de derechos en cuanto a la seguridad y salud laboral, más aún cuando estamos poniendo en riesgo al conjunto de la población. No podemos consentir que los intereses económicos se antepongan a la salud de los trabajadores y trabajadoras y, en la actual situación, a la salud de la población en general.
2. Respecto al personal que se encuentra ejerciendo su labor en centros sanitarios, queremos unirnos a su exigencia en cuanto a la dotación inmediata de Equipos de Protección Individual (EPIs). Es de vital importancia que aquellas y aquellos profesionales dedicados a atender en primera línea esta emergencia sanitaria lo hagan en unas condiciones de seguridad adecuadas. Hay que movilizar todos los recursos y opciones necesarias para atender a esta necesidad, sin descartar una planificación económica encaminada a reconvertir industrias para poder aumentar la producción de material sanitario. Los y las trabajadoras sanitarias necesitan explicaciones sobre por qué no están recibiendo los EPIs y clarificar, con transparencia, cuáles son las medidas que se están tomando en este sentido.

De la misma manera, exigimos que bajo ningún concepto se esté sometiendo al personal de la sanidad pública a estas condiciones mientras quede un solo recurso de la sanidad privatizada sin ser utilizado. Esta situación nos debe hacer entender la necesidad de una sanidad 100% pública de tod@s y para tod@s, sin criterios de gestión privada.

Además, no queremos olvidarnos de todo el personal que, aun no siendo centros sanitarios, están haciendo frente al virus en primera línea, como son todos aquellos y aquellas profesionales de los servicios esenciales, a los que se les está sometiendo a una situación límite por falta de personal y de medios de protección. Exigimos que se abran de inmediato todos los procesos necesarios para dotar de personal cualificado y de material para trabajar en condiciones de seguridad en todos los centros de estas características donde sea necesario, así como la realización de las pruebas necesarias a las y los trabajadores que permitan detectar posibles casos, evitar contagios y preservar la salud del personal.

3. Hay que recordar la situación de incumplimiento generalizado de los convenios colectivos, el extendido fraude en la contratación, profesionales sin dar de alta en la seguridad social, los excesos de jornada “en negro”, y un largo etcétera que hacen que nuestro mercado de trabajo esté enormemente precarizado, y tienen como consecuencia que, en la actual situación, miles de trabajadoras y trabajadores estén siendo despedidos sin poder acceder a ninguna de las medidas anunciadas por el gobierno. Por lo tanto, exigimos a las administraciones que se planteen soluciones para estos sectores de población y para atender a las realidades tan dramáticas que la precariedad, acrecentada tras las dos últimas reformas laborales, está provocando. Igualmente, esta situación pone claramente de manifiesto la necesidad de políticas encaminadas a erradicar la precariedad laboral, comenzando por la derogación de las reformas laborales mencionadas.
4. Nos preocupa enormemente que la incesante cantidad de ERTEs que se están produciendo sean convertidos en EREs o despidos masivos una vez termine el estado de alarma. Por mucho que la legalidad obligue a restablecer las plantillas, ya que un ERTE no es un despido, todas y todos conocemos el flagrante y continuo incumplimiento de la legalidad laboral por parte de la patronal de este país, así como los escasos medios de los poderes públicos destinados a velar por su cumplimiento. Además, creemos que es indecente que empresas con miles de millones de beneficios anuales sean incapaces de mantener a sus trabajadoras y trabajadores durante unas semanas, prefieran aplicar despidos y que sea el dinero público el que se encargue de sus plantillas, quedando intactos sus beneficios empresariales. Es preciso, por tanto, que las administraciones sean más ambiciosas evitando estas situaciones de abuso.
5. Desde USTEA siempre nos hemos posicionado contra las privatizaciones y el desmantelamiento de lo público. En estos días estamos viendo las nefastas consecuencias de la privatización de la sanidad y como las y los trabajadores de la sanidad pública tienen una falta de medios dramática. La destrucción del llamado estado del bienestar y de los servicios públicos hace que esta crisis sanitaria (que lo sería en cualquier escenario) también se convierta en una crisis laboral y social, a raíz del adelgazamiento de los sistemas de protección social y de los propios servicios públicos. Ahora más que nunca debemos exigir que se revierta esta tendencia y que se apueste decididamente por construir unos servicios públicos de calidad y universales, dejando de lado las privatizaciones y conciertos.
6. Otra cuestión que debemos destacar es que el mismo gobierno reconoce que hay 60.000 millones de euros “regalados” a la banca con la excusa de la crisis de 2008 y que no vamos a ver devueltos a las arcas públicas, con el bien que harían en la situación actual. Nos parece indecente que entidades con beneficios descomunales como los bancos pidan sacrificios y no sean capaces de hacerlos cuando la sociedad los necesita. Otro ejemplo más de que las crisis siempre las pagan las mismas personas.
7. Por último, recordar que las empresas del IBEX35 han acumulado en los tres últimos ejercicios beneficios netos por encima de los 107 mil millones de euros. Al mismo tiempo, según informes de la Agencia Tributaria, las grandes empresas multinacionales españolas que acumulan mayores ganancias son las que menos impuestos pagan, con porcentajes inferiores al 0,5% de sus beneficios. De la misma manera, se estima que la evasión de capitales a paraísos fiscales supera los 400 mil millones de euros.

Ante estos datos exigimos que en un futuro, cuando toque pagar la factura del gasto social aprobado por el gobierno como consecuencia de esta crisis económica, no se haga recaer el peso de esta crisis sobre la clase trabajadora, sino que sean los que más tienen quienes más esfuerzo hagan.

Sus beneficios salen del trabajo de los y las de nuestra clase.

No podemos pagar dos veces la factura.

USTEA ante la situación de la clase trabajadora en el actual estado de crisis sanitaria