Para el sindicato, los intereses económicos de los poderes fácticos han primado por encima de los criterios estrictamente sanitarios

El Gobierno ha decretado la vuelta a la actividad económica en aquellos sectores no esenciales que resultaron afectados por el RDL de 29 de marzo. Mientras tanto, mantienen vigente el confinamiento parcial de las trabajadoras y trabajadores establecido en el RDL de declaración del estado de alarma. En definitiva: volvemos a la situación del 14 de marzo, en la cual se suspendía toda aquella actividad que supusiera la concentración de personas en un mismo lugar, como es el caso del comercio minorista no esencial, hotelería, espectáculos deportivos y culturales, etc.

Querríamos suponer que esta decisión del Gobierno ha de obedecer a datos sanitarios objetivos que justifican una mejora en el control de la pandemia del covid-19, de forma que pueda ser aconsejable una relajación de las medidas de confinamiento de la población, porque el riesgo de contagio ha descendido sustancialmente. Sin embargo, parece que los datos actuales de nuevos contagio y, sobre todo, de defunciones, no sustentan esta decisión:

El 14 de marzo, fecha en la que se decretó el estado de alarma y las primeras medidas de restricción parcial de la movilidad de la población, se declaraban 1522 nuevos contagios y 15 nuevas defunciones.

El 29 de marzo, fecha en la que se decretó la paralización total de la actividad en los sectores no esenciales, se declaraban 6549 nuevos casos y 838 defunciones.

El 11 de abril, 12 días después de la suspensión total de la actividad no esencial y el confinamiento de la mayor parte de la población, hemos pasado a declarar 4830 nuevos contagios y 510 defunciones por el covid-19.

Aunque las cifras se deben interpretar de forma relativa, se pueden extraer dos conclusiones: la primera es que la suspensión parcial de la actividad decretada el 14 de marzo no impidió una escalada en nuevos contagios y defunciones y, la segunda es que, la suspensión total (que paralizaba todo, excepto los servicios no esenciales), decretada el 29 de marzo, sí que ha conseguido reducir las cifras de contagios y defunciones.

Ahora bien, la cuestión que hay que plantearse es si el estado actual de control de la epidemia es compatible con la decisión de volver a la situación del 14 de marzo. La respuesta es muy evidente: no, porque la situación de partida no es la misma. Ahora estamos declarando tres veces más contagios diarios que el 14 de marzo, a pesar de aplicarse medidas mucho más radicales, como ha sido la suspensión de toda actividad no esencial (acordada el 29 de marzo), que, siendo positivos, solo ha supuesto un descenso de contagios de un 27% respecto a esa fecha.

Por tanto, hay que concluir que la decisión del Gobierno de relajar las medidas de restricción de la movilidad de la población no se sustentan en criterios, estrictamente, sanitarios y que pueden dar pie a un repunte en los contagios o, en el mejor de los casos, a una estabilización en el tiempo del número diario de personas contagiadas.

Llegados a este punto, si la decisión del Gobierno no obedece a criterios estrictamente sanitarios, que, por prudencia, recomendarían el mantenimiento de la suspensión de la actividad no esencial, quiere decir que han pesado más los intereses por minimizar el impacto de la crisis sanitaria sobre la actividad económica. En pocas palabras, se está priorizando la recuperación de la actividad económica por encima de la salud y la vida de las personas, instaurando de nuevo la movilidad parcial de trabajadoras y trabajadores en aquellos sectores no esenciales que se vieron afectados por el cierre el 29 de marzo.

Para la Confederación Intersindical esta decisión, que entra en vigor el 13 de abril, constituye una irresponsabilidad por exponer a trabajadoras y trabajadores y a sus familias a un riesgo todavía elevado de contagio, al tener que acudir obligatoriamente a los centros de trabajo, cuando la epidemia todavía no está ni de lejos controlada. El Gobierno está cediendo a los intereses de la patronal para minimizar sus pérdidas económicas, en detrimento de la clase trabajadora, que es la que realmente está haciendo frente a la crisis sanitaria y social.

Es por eso que la Confederación Intersindical exige al Gobierno que prorrogue la paralización de las actividades no esenciales, para priorizar la salud y las condiciones de vida de las personas por delante de cualquier consideración económica. Si una cosa nos ha enseñado la historia, es que el capital solo vela por sus intereses, y no por los de las personas: no permitiremos, desde la clase trabajadora, que nuestra vida peligre porque los poderes fácticos continúan acaparando poder y dinero. Tiempo habrá para recuperar la economía con criterios de solidaridad y equidad.

Que no haya ninguna duda que la Confederación Intersindical estará especialmente vigilante ante dos cuestiones que consideramos básicas. Por un lado, de la evolución de los datos epidemiológicos, que serán determinantes. Exigiremos responsabilidades si estos datos no son satisfactorios. Por otro lado, vigilaremos los centros de trabajo para comprobar que se cumplan escrupulosamente las medidas de seguridad en materia laboral. En momentos como estos, continuaremos velando siempre por los intereses de la clase trabajadora.

Secretariado de la Confederación Intersindical