El próximo 11 de noviembre, desde RedUS nos sumamos de forma unitaria a la movilización por la educación pública y el derecho a la vivienda. Lo hacemos desde la convicción de que garantizar unas condiciones de vida dignas para las familias trabajadoras, el estudiantado y la juventud en general es un requisito indispensable para asegurar la equidad social y el futuro de nuestra comunidad.
Asistimos a un ataque continuo a los servicios públicos, que se refleja de manera clara en las luchas en defensa de la educación pública que se están expandiendo por todo el Estado. La asfixia económica a la que se somete a las universidades públicas en Andalucía, mientras se facilita la creación de universidades privadas, es la materialización de un modelo en el que se pretende acabar con el derecho fundamental y universal a la educación, y, por tanto, con el principal mecanismo de equidad que podemos ofrecer a nuestra juventud en su búsqueda de un futuro mejor.
Por su parte, el acceso a la vivienda se ha convertido en una barrera insalvable y en el principal factor de vulnerabilidad y desigualdad social. Como señalan los últimos informes de Oxfam Intermón, el elevado coste del alojamiento empuja a miles de personas trabajadoras a la pobreza. Esta situación es especialmente grave en el mercado del alquiler, donde la tasa de esfuerzo económico ha rebasado holgadamente la el 30% recomendado por el Banco de España, obligando a las familias a destinar en muchos casos entre el 40% y más del 50% de sus ingresos netos únicamente a pagar el alquiler. Este hecho se agrava en ciudades andaluzas como Sevilla, Málaga o Granada, donde la proliferación de pisos turísticos y las compras especulativas al contado reducen la oferta de vivienda disponible y disparan los precios, expulsando a la población local de sus barrios y destruyendo el tejido comunitario.
Esta tensión habitacional impacta de lleno en la comunidad educativa y en la vida universitaria. La expansión de macrorresidencias privadas con tarifas que pueden alcanzar (e incluso superar) los 1.000 euros mensuales, impulsadas por fondos transnacionales sobre suelo dotacional público, resulta inasumible frente a la realidad salarial andaluza.
Esta brecha económica penaliza al estudiantado de rentas medias y bajas, obligando a las familias a realizar sobreesfuerzos financieros desproporcionados o abocando a la juventud a la precariedad del alquiler en viviendas que tal vez podrían llamarse mejor “zulos”.
Asimismo, el encarecimiento de la vida y de la vivienda precariza a las plantillas de la universidad (PDI y PTGAS) mientras vemos con resignación como tenemos que desarrollar nuestra actividad docente con aulas masificadas, sin recursos para lo que se espera de una Universidad de la que se presume puntera en investigación, dificultando la promoción laboral y precarizando continuamente la labor docente, todo ello, además unido al impago de derechos adquiridos durante toda nuestra carrera investigadora.
Desde RedUS entendemos que el derecho a la educación pública y el derecho a un hogar digno son plenamente convergentes: no es posible garantizar la equidad de acceso a las aulas si la educación, el territorio y la vivienda se convierten en un objeto de especulación financiera.
EL 11 DE NOVIEMBRE, TODAS Y TODOS A LA HUELGA GENERAL EDUCATIVA
POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA, LA VIVIENDA, LOS SALARIOS DIGNOS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD.




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