El pasado 22 de septiembre el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla vetó la celebración de las jornadas “Desafíos y oportunidades ante la erosión de los sistemas democráticos”, promovidas por la Plataforma Feministas frente al Fascismo y en las que estaba programada la participación de la directora del Secretariado de Igualdad Mercedes Arriaga.

Tal atropello a la libertad de expresión por parte del Rectorado causó una profunda indignación en la ciudadanía y fue motivo de vergüenza para la mayoría de la comunidad universitaria, que respondió con un fuerte apoyo al acto, organizado finalmente en un espacio ajeno a la Universidad.

La prohibición de las jornadas en la sede hispalense se justificó tachándolas de “soflama política”, a lo que siguió un silencio clamoroso por parte de la rectora, Carmen Vargas, y de la directora del Secretariado de Igualdad, Mercedes Arriaga. No obstante, ambas se han visto obligadas a responder en la reunión del Consejo de Gobierno del pasado 6 de octubre, ante las insistentes preguntas de la presidenta del Comité de Empresa del Personal Docente e Investigador laboral (PDI), Ángela Lara, y de otros representantes sindicales, del estudiantado y de asociaciones del profesorado [1].

Para sorpresa de las presentes, en lugar de reconocer el grave error cometido, la rectora trató de excusarse ahora en una interpretación torticera de la “institucionalidad”, y de una “neutralidad” que fue, de hecho, gravemente pervertida en el momento en el que Carmen Vargas y su equipo asumieron los postulados extremistas de quienes consideran que la Universidad no debe acoger actos que fomenten la igualdad y la democracia.

La portavoz sindical, Ángela Lara, comenzó recordando que la propia RAE define el feminismo como el “principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre”, y el fascismo como movimiento totalitario y “actitud autoritaria y antidemocrática”. Por tanto, “un movimiento que se define como feminista y antifascista no es, ni más ni menos, que un movimiento de defensa de la democracia y la igualdad de derechos de la mujer y el hombre”, sentenció Lara.

Posteriormente, la representante del PDI laboral recordó los principios de la Universidad de Sevilla, que según sus Estatutos “se inspira en los principios de igualdad, libertad, justicia, solidaridad y pluralismo”, está al servicio de “la defensa de los Derechos Humanos” y tiene el “deber” de promover “el pensamiento y la investigación libres y críticos” y ser “un instrumento eficaz de transformación y progreso social”.

“¿Acaso un acto titulado Desafíos y oportunidades ante la erosión de los sistemas democráticos difiere del deber, recogido en los Estatutos, de dar efectividad al principio de defensa de los Derechos Humanos, igualdad y justicia dentro del marco institucional y democrático?”, preguntó Ángela Lara.

La representante sindical de REDUS acusó al Consejo de Gobierno de “confundir neutralidad política con equidistancia”, subrayando que este no era un acto “partidista” sino, de hecho, una actividad de debate público que “debe tener cabida en la Universidad porque defiende principios acordes con el marco constitucional, con nuestros Estatutos y con la democracia”.

En su respuesta, visiblemente incómoda, la rectora volvió a repetir el falaz argumento de “preservar el carácter institucional de la Universidad”, afirmando, por una parte, que “se puede y se debe hablar de todas las cuestiones que preocupan a la sociedad”, pero a la vez advirtiendo del “riesgo de que se pueda identificar a nuestra institución con ningún posicionamiento de corte ideológico y político”.

Desde USTEA, como parte de REDUS, esas desafortunadas palabras solo pueden interpretarse como que, entre la democracia y el fascismo, entre el machismo y la igualdad, la Rectora no se posiciona con ninguna de esas posiciones. Una actitud equidistante compartida y celebrada, precisamente, por las fuerzas extremistas que amenazan la convivencia democrática. Con su actitud, la Rectora cae en el riesgo que pretende evitar: que se identifique a la Universidad con el posicionamiento ideológico y político de quienes cuestionan los consensos más básicos de nuestra democracia.

Para los integrantes de REDUS, resulta evidente que ni un solo colectivo feminista comparte la decisión de la Rectora, que ha sido duramente criticada tanto por el movimiento feminista como por la inmensa mayoría de la comunidad universitaria, incluso por quienes apoyaron su candidatura para que una mujer dirigiera, por primera vez en 500 años, nuestra Universidad.

Todo REDUS seguirá interpelando al Rectorado, que aún tiene la oportunidad de disculparse por esta grave equivocación. Un error que puede marcar el legado de Carmen Vargas como la primera mujer en dirigir la Hispalense y, a su vez, la primera Rectora de España que prohíbe en la Universidad un acto en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres.

[1] Sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla del lunes 6 de octubre de 2026. Pregunta de la Presidenta del Comité de Empresa del PDI Laboral y respuesta de la Vicerrectora de Igualdad y la Rectora a partir de las 2.57 h. https://tv.us.es/media/SESI%C3%93N+DEL+CONSEJO+DE+GOBIERNO.+6+DE+OCTUBRE+DE+2026/1_zttubh4h/216854503